a-Sinde claro

Molestaba lo del canon, pues toma dos tazas. Previsiblemente se va a aprobar la denominada “Ley Sinde” (-scanso, añadiría yo), que ni es ley ni la ha redactado la susodicha. Se trata de una modificación de –entre otras- la LSSI (Ley que regula los Servicios de la Sociedad de la Información), la L.P.I (Lay de Propiedad Intelectual) y la LJCA (Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa), destinada al cierre de webs que ofrezcan enlaces a contenidos que tengan protección de propiedad intelectual. No la venden así, obviamente, ya que dicen que su papel es el de proteger el derecho a la propiedad intelectual. Sin embargo, en la realidad lo que viene a regular esta norma, es, la designación del Ministerio de Cultura como garante de ese derecho (independencia para qué, vive la vida) y por otra parte, su posibilidad de intervenir, no sólo contra los que causen daño a dicho derecho, sino –y aquí viene lo bueno—contra aquello que “sea susceptible” de causar un daño patrimonial (¡Anda, tan preventivo como el canon!). No voy a aburriros con el procedimiento, pero si os diré que la “Ley Sinde” original y la que finalmente va a aprobarse, tras el acuerdo PSOE, PP y CiU,  tiene escasos cambios. Se trata de la antigua, aunque con cierto control judicial (menos da una piedra). Para llegar al acuerdo, se ha exigido la intervención judicial (Audiencia Nacional) para el cierre de las webs, así como el compromiso de que en el plazo de tres meses será revisada la regulación del canon digital (Lo que ya desde hace tiempo se viene exigiendo desde Europa). Para su desarrollo se creará un organismo compuesto por dos secciones que a su vez agruparan a representantes de varios ministerios (otra partidita presupuestaria), a los que no les faltará trabajo, pues la práctica totalidad de las webs tienen algún tipo de derecho digno de protección. Sin embargo, la función primordial de esta norma va a ser la de acojonar al personal, ya que a nivel práctico y, como quiera que la jurisdicción por razones evidentes queda limitada a España, su virtualidad será prácticamente nula, pues los servidores que estén en el extranjero, seguirán permitiendo las descargas que tengan a bien suministrar. Por otra parte, al tratarse de intervenciones dirigidas a la pretendida protección de la propiedad intelectual, podrían afectar a la práctica totalidad de las webs, pues el que más y el que menos tiene algún derecho susceptible de protección. En definitiva un Juan Palomo:“yo me lo guiso, yo me lo como” con poca utilidad y mucho gasto.

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